UNA LEY INCLUSIVA, QUE ABRE CAMINOS
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Al presentar el proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología  e Innovación, el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, explicó que este documento, junto a otras tres normas complementarias, es fruto de un amplio proceso de construcción colectiva, que involucró a centros y entidades del Ministerio de Educación Superior, el MINSAP, BIOCUBAFARMA, las Universidades y otras instituciones.

De él surgieron 205 propuestas que derivaron 76 modificaciones al texto original. Por otra parte, del debate con los diputados, emanaron 43 propuestas, de las que 22 fueron aceptadas. El proyecto fue también examinado por el pleno de la Academia de Ciencias de Cuba y el Consejo Nacional de Innovación. Se trata de una ley inclusiva,  que  abre caminos y quita trabas, significó el titular.

Entre sus principales objetivos, la norma busca fomentar la generación, asimilación, difusión y aplicación de conocimientos, como herramientas imprescindibles para incrementar la contribución de la Ciencia, Tecnología e Innovación al desarrollo económico y social del país.

Asimismo, el texto refrenda que el Estado garantiza el derecho de toda persona a participar, de forma individual y colectiva, en las actividades de producción, difusión y uso de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Un espacio importante se concede a la ética. Los actores del Sistema garantizan que los procesos y actividades a su cargo respondan a finalidades que favorezcan el bienestar del pueblo y de la humanidad y al fomento de la paz entre las naciones;

El proyecto de ley define como Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación al conjunto de instituciones, políticas, instrumentos, actores y procesos que interactúan para producir, difundir y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos, generar valor y disminuir riesgos, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible del país, así como de los territorios y sectores que lo integran. Entre sus componentes figuran las entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación e instituciones de Educación Superior; el potencial humano vinculado a las actividades de la esfera, así como los órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular.
 

El Potencial Humano, afirma el documento, es el principal componente de la capacidad científica, tecnológica e innovadora del país, y está compuesto por el personal especializado que, sistemáticamente, realiza, gestiona o apoya las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, prestación de servicios científico-técnicos e innovación. Incluye a investigadores, profesores, tecnólogos, técnicos, maestros, obreros calificados, estudiantes, personal de apoyo, comunicadores, gestores y directivos.

Para materializar sus objetivos, la ley cuenta con un grupo de instrumentos y mecanismos de carácter técnico y operativo que permitirán garantizar la creación, transferencia y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos.

La norma, aseveró el ministro del CITMA, contempla también un sistema de programas y proyectos  como principal forma organizativa para la planificación, financiamiento, ejecución y evaluación de las  actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Particular atención concede la ley a la creación de un sistema de información que apoye la elaboración, seguimiento y evaluación de las actividades del sector.

La educación científica y tecnológica ocupa un lugar preponderante en el texto, afirmó  Rodríguez Batista. En ese sentido, los ministerios de Educación y Educación Superior, así como el resto de los organismos formadores tienen un papel esencial en el  proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimientos, métodos, pensamiento crítico y habilidades relacionadas con la ciencia, y el uso de las tecnologías,

El proyecto de Ley establece además que la inserción internacional de las actividades de ciencia, tecnología e Innovación constituye una importante vía de acceso a lo más avanzado del conocimiento científico y tecnológico mundial, y a la vez difunde los aportes nacionales en la materia, para la transformación social y productiva e inclusión del país en las cadenas globales de valor.

Los organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos provinciales y Consejos de Administración municipales del Poder Popular, señaló el ministro,  tienen la obligación de establecer estrategias para el desarrollo tecnológico sectorial y territorial de la esfera científica y tecnológica.

El texto define entre las principales fuentes de financiamiento de la actividad a las asignaciones del presupuesto del Estado; las utilidades de las empresas, después de deducidos los impuestos; la contribución territorial; la inversión extranjera y la cooperación internacional. 

El documento sometido a la consideración del parlamento, establece la responsabilidad del Estado, el Gobierno, sus instituciones, y cualquier persona natural o jurídica que reciba fondos o financiamientos públicos, garantizar y rendir cuentas por la transparencia, racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos materiales y financieros destinados a las actividades científicas y tecnológicas. Asimismo, ratifica que la evaluación de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación es una obligación permanente del Estado.

Al presentar el dictamen sobre la norma, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Martha del Carmen Mesa Valenciano, afirmó que los diputados y diputadas coincidieron en la aspiración de que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación genere el impacto económico y social que el país necesita, e incentive una cultura de ciencia en el país, para que las personas puedan apropiarse de los resultados científicos y tecnológicos, ya sean nacionales o foráneos, que se introducen en la sociedad.

Al intervenir en el debate, el destacado científico y diputado por el municipio de Manzanillo, Jorge Berlanga, rindió homenaje a Fidel, a su impronta en la ciencia nacional. Resaltó la contribución del líder histórico de la Revolución a la actividad científica, desde la campaña de alfabetización, la creación en 1962 de la Academia de Ciencias de Cuba, y del CITMA en 1994. Por su inspiración se fundó el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), embrión de otras tantas instituciones a lo largo y ancho del país, y también el Frente Biológico en 1980, antecedente del Polo Científico primero, y después de BIOCUBAFARMA.

El mérito de Fidel, afirmó Berlanga, es la edificación de una política nacional de desarrollo de la ciencia y la innovación basada en profundos principios éticos y humanistas.

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y diputado por el municipio holguinero de Frank País, aseveró que la ley no es una norma más, sino un cambio de paradigma, un marco jurídico que sienta las bases para una verdadera transformación de la ciencia en Cuba. La esencia de su carácter está en su condición transformadora, transversal e inclusiva. Su objetivo, afirmó no es restringir, sino estimular y facilitar la actividad científica e innovadora.

Desde Artemisa, Miguel Enrique Charbonet, consideró que la Ley da respuesta a la necesidad de ordenar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el punto de vista normativo.

Yury Valdés Balbín, director general del Instituto Finlay de Vacunas y diputado por el capitalino municipio de La Lisa, afirmó que este jueves 18 de diciembre es un día de felicidad, que materializa algo por lo que se ha abogado  por muchos años en el parlamento cubano. Creemos, expresó, que la solución de los principales problemas que enfrenta el país está en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. La norma que hoy examinamos, perpetúa el pensamiento científico del Comandante en Jefe y le da forma y coherencia. En el centenario de su natalicio, no hay mejor regalo que contar con esta herramienta que él soñó.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología  e Innovación, así como el dictamen emitido al respecto por las comisiones del parlamento.