Este Informe Nacional Voluntario de la República de Cuba es el primero que se presenta ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
Para su elaboración se contó con el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, el cual constituye el mecanismo institucional para el seguimiento de los ODS en el país. El establecimiento de niveles y calidad de vida de la población. Las alianzas han sido uno de los factores clave para su preparación. El trabajo desarrollado en el Grupo integra la labor de todos los actores involucrados, los que comparten la visión estratégicay prioridades nacionales del desarrollo, y participan, dialogan, intercambian experiencias y buenas prácticas. El establecimiento de canales de comunicación y retroalimentación permanente ha significado una fortaleza en el seguimiento, evaluación, control y rendición de cuenta a todos los niveles de gobierno en la preparación e implementación de la Agenda 2030.
El país se encuentra en proceso de actualización de su modelo económico y social. Para garantizar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, Cuba transita por el camino del desarrollo sostenible, integrando sus tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. La articulación del Plan Nacional De Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES 2030) con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituye un factor clave para avanzar en esa dirección. El país trabaja dando soporte a su Portal de los ODS y cuenta con la Campaña Comunicacional Nacional "Cuba, Con Paso 2030", que contribuye a impulsar la Agenda 2030 y el PNDES.
1.1 Erradicar la pobreza extrema.
1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza.
1.3 Implementar sistemas de protección social.
1.4 Igualdad de derechos de propiedad, servicios básicos, tecnología y recursos económicos.
1.5 Construir la resiliencia a los desastres económicos, sociales y ambientales.
1a. Movilizar recursos para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
1b. Crear marcos de protección a los vulnerables y políticas sensibles al género.
La República de Cuba como Estado Socialista de derecho y justicia social garantiza en el primer artículo de la Constitución de 2019 la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. También la Constitución refrenda un sistema de garantías a los derechos recogidas en el articulado del Título V «Derechos, deberes y garantías». Estos principios constituyen el basamento jurídico para el desarrollo de la sociedad y el individuo y el ejercicio de sus derechos en dimensiones fundamentales del desarrollo humano como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y asistencia social, la alimentación, el acceso y disfrute de la cultura, el deporte, la recreación y otros que en su integralidad garanticen la eliminación de la pobreza.
Bajo tales preceptos, la utilización de indicadores multidimensionales potenciados internacionalmente como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) resultan adecuados en el caso de Cuba para evaluar sus avances en la erradicación de la pobreza (metas 1.1 y 1.2) considerando que una potencial privación monetaria o material no impide el acceso, disfrute y resultados superiores en áreas como educación, salud, trabajo, impactos ambientales, condiciones de vida, seguridad y asistencia social y otras dimensiones del desarrollo humano.
Desde su creación en 1990, Cuba ha mostrado una tendencia creciente en el valor del IDH. Actualmente se ubica en el lugar 70 del ranking mundial entre las 189 naciones a las que se les calcula ese índice. En la medición de los indicadores de este ODS se trabaja y presentan indicadores de acuerdo a metadatos internacionales o de definiciones nacionales que de manera inclusiva evidencian avances en la eliminación de la pobreza en Cuba y la creación de bienestar sostenible para la prosperidad de su población.
2.1 Acceso universal a alimentos sanos y nutritivos.
2.2 Terminar con todas las formas de desnutrición.
2.3 Doblar productividad e ingresos de pequeños productores de alimentos.
2.4 Producción de alimentos sostenible y prácticas agrícolas resilientes.
2.5 Mantener la diversidad genética en la producción de alimentos.
2a. Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnologías y bancos de genes.
2b. Evitar restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación.
2b. Garantizar mercado de productos estable y acceso oportuno a la información.
En Cuba, la soberanía alimentaria constituye una prioridad de la política social. Incluso en las condiciones de mayores restricciones económicas, se garantiza a la totalidad de las familias un nivel de alimentación a precios asequibles, de acuerdo con las disponibilidades totales de productos alimenticios y teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de grupos vulnerables (niños y niñas, adultos mayores, gestantes y enfermos crónicos).
La canasta familiar normada que reciben todos los cubanos y cubanas, incluye 19 productos alimenticios de primera necesidad, que se distribuyen de acuerdo a los grupos etarios y las zonas urbanas y rurales.
3.1 Reducir la mortalidad materna.
3.2 Terminar con todas las muertes prevenibles en menores de 5 años de edad.
3.3 Combatir enfermedades trasmisibles.
3.4 Reducir la mortalidad por enfermedades no trasmisibles y promover la salud mental.
3.5 Prevenir y tratar el abuso de sustancias.
3.6 Reducir las lesiones y las muertes en carreteras.
3.7 Acceso universal al cuidado de la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la educación.
3.8 Alcanzar cobertura de salud universal.
3.9 Reducir las enfermedades y la muerte por productos químicos peligrosos, y por la contaminación.
3a. Aplicar el convenio marco de la OMS sobre control del tabaco.
3b. Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles.
3c. Aumentar la financiación de la salud y apoyar la fuerza laboral de la salud en los países en desarrollo.
En Cuba, la salud constituye un área de alta prioridad para el gobierno, con cobertura y acceso universal y gratuito, fundamentados en la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). A partir de la creación del Programa del Médico y Enfermera de la Familia, la salud pública cubana situó a estas dos figuras como los máximos responsables de la salud de los individuos, las familias y la comunidad, enfocando sus acciones hacia la prevención de factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables. Los resultados alcanzados en el país constituyen un referente internacional y, en especial, para los países en desarrollo.
El SNS ha ido adaptando en cada momento sus prioridades, objetivos y acciones.
4.1 Educación primaria y secundaria gratuita
4.2 Igualdad de acceso a una educación pre-primaria de calidad
4.3 Igualdad de acceso a una educación técnica, profesional y superior asequible
4.4 Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 Eliminar todo tipo de discriminación en la educación
4.6 Garantizar competencias de lectura, escritura y aritmética
4.7 Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global
4.a Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
4.b Ampliar las becas de educación superior para países en desarrollo
4.c Aumentar la oferta de profesores calificados en los países en desarrollo.
Desde los inicios del proceso socialista cubano, garantizar una educación universal, inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos, ha sido un principio esencial. En todos los niveles de enseñanza, la educación es gratuita y muestra resultados que reflejan el cumplimiento de algunas de las metas de este ODS. Cuba ha alcanzado elevadas tasas de escolarización y retención en el ciclo (meta 4.1) en los niveles primario y secundario.
5.1 Terminar con la discriminación contra mujeres y niñas
5.2 Terminar con toda la violencia y la explotación contra las mujeres y las niñas
5.3 Eliminar los matrimonios forzosos y la mutilación genital
5.4 Valorar la atención no pagada y promover responsabilidades domésticas compartidas
5.5 Asegurar la participación, el liderazgo y la toma de decisiones
5.6 Acceso universal a salud reproductiva y derechos reproductivos
5.a Igualdad de derechos a los recursos económicos, propiedad y servicios financieros
5.b Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
5.c Aportar y fortalecer políticas y legislación aplicable para la igualdad de género
La Constitución de la República de Cuba de 2019 ratifica el compromiso del Estado cubano con la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y la no discriminación por motivos de género (artículos 41 al 44). El artículo 43 establece que «el Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello»; mientras el artículo 85 estipula que «la violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y es sancionada por la ley».
Consecuentemente con este mandado constitucional, el país cuenta con el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing, 1995) que, tras su evaluación en 2013, ha enfrentado un proceso de revisión y actualización teniendo en cuenta la Plataforma de Acción de Beijing, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
6.1 Agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Proporcionar acceso al saneamiento y la higiene, poner fin a la defecación al aire libre.
6.3 Mejorar la calidad del agua. Aguas residuales, tratamiento y reutilización segura.
6.4 Aumentar la eficiencia en el uso del agua y el abastecimiento de agua dulce
6.5 Implementar recursos de manejo integral del agua.
6.6 Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua.
6.a Ampliar el apoyo en agua y saneamiento para países en desarrollo.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
En la política del gobierno cubano, el sector agua y la legislación están integradas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), en correspondencia con las prioridades nacionales y la Agenda 2030. En 2012, fue aprobada la Política Nacional del Agua para impulsar el desarrollo hidráulico del país. Al cierre del año 2019, el 96,7 % de las personas en Cuba tenía acceso a fuentes mejoradas de agua (meta 6.1), con una tendencia estable en los últimos años. Si se tiene en cuenta la nueva escalera de servicios,58 la proporción de la población de Cuba que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura al cierre de 2019 era del 53,7 %, cifra que ha crecido como tendencia anual a razón de un 2 % entre 2015 y 2019.
Ello ha sido resultado de un trabajo estable e intencionado que incluye la construcción de más de 2 mil 200 kilómetros de conductoras y redes de distribución de acueducto en varias provincias del país. La meta de este indicador para 2030 es de 76,2 %.
7.1 Acceso universal a energía moderna.
7.2 Incrementar el porcentaje global de energías renovables.
7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a Promover el acceso a investigación, tecnología e inversiones en energía limpia.
7.b Expandir y actualizar servicios de energía para países en desarrollo.
En Cuba existe y se implementa la «Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía (2014-2030)», con la participación de diversos organismos, liderados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Tiene como objetivo elevar la eficiencia energética (EE) y el desarrollo de fuentes renovables de energía (FRE), lo que contribuye, entre otros beneficios, a reducir la emisión de GEI, a mitigar los efectos adversos del cambio climático y a promover un desarrollo económico menos intenso en carbono. Dicha política constituye una prioridad nacional y está respaldada por los documentos rectores para la implementación del PNDES 2030, en aras de dar cumplimiento al ODS 7. En esta dirección, el país se ha propuesto como meta lograr que, al menos el crecimiento de consumo de electricidad, sea satisfecho con la generación de las FRE. Por ello, se trabaja por reducir el consumo de combustibles fósiles para la generación al 2030 respecto al volumen consumido en el año 2019.
En el año 2000, el 94,5 % de la población de Cuba tenía acceso a la energía eléctrica; en 2015, se logra un 99,5 % de electrificación de la población, para un incremento de cinco puntos porcentuales y ya desde el año 2018, este indicador alcanza prácticamente el 100 %. El país realiza grandes esfuerzos por lograr que toda la población tenga acceso permanente a la electricidad por al menos una vía. Los mayores beneficios han recaído en la población rural más intrincada del país a la cual se le han instalado 15 mil 924 módulos solares fotovoltaicos. De cara al 2030, se trabaja para dar un mejor servicio eléctrico a los poco más de 126 mil clientes que no poseen una conexión eléctrica idónea o las poco más de mil viviendas que no la poseen (meta 7.1).
8.1 Crecimiento económico sostenible
8.2 Diversificar, innovar y modernizar para la productividad económica
8.3 Promover políticas para apoyar la creación de empleo y empresas en crecimiento
8.4 Mejorar consumo y producción eficientes de los recursos mundiales
8.5 Empleo pleno y trabajo decente con igualdad de pago
8.6 Promover el empleo, la educación y la formación de los jóvenes
8.7 Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
8.8 Proteger los derechos laborales y promover ambientes de trabajo seguros
8.9 Promover el turismo sostenible
8.10 Acceso universal a servicios bancarios, financieros y de seguros
8.a Aumentar la ayuda para el comercio en países en desarrollo
8.b Estrategia mundial para empleo de los jóvenes y Pacto Mundial para el Empleo de la OIT
Cuba aspira a una sociedad próspera y sostenible, para lo cual el incremento sostenido de la producción social y la riqueza es una prioridad. Consecuentemente, para impulsar el desarrollo productivo, su eficiencia y productividad, el país implementa cambios importantes, pero aún tiene inmensos desafíos en el horizonte cercano y de largo plazo.
En el periodo 2015-2019, el crecimiento económico (meta 8.1) se ha caracterizado por fluctuaciones en las tasas anuales, fundamentalmente ocasionadas por la inestabilidad de las variables externas, factores climatológicos y problemas estructurales e institucionales. Luego de alcanzar en 2015 una tasa de incremento del PIB de 4,4 %, la economía cubana redujo su ritmo de crecimiento promedio a solo 1,8 % entre 2015 y 2019, en un contexto regional donde se registraron bajas tasas de crecimiento para esos años.
En 2016 se creció solamente un 0,5 %, año en el que fue compleja la situación con la disponibilidad de divisas y no se lograron los ingresos previstos por exportaciones.70 Como tendencia, el patrón de crecimiento ha estado liderado por el sector terciario, que exhibe la mayor contribución al crecimiento y hace el mayor aporte al empleo.
9.1 Desarrollar infraestructuras sostenibles, resilientes e inclusivas
9.2 Promover la industrialización inclusiva y sostenible
9.3 Aumentar el acceso a los servicios y mercados financieros
9.4 Actualizar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
9.5 Mejorar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles para los países en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales y la diversificación industrial
9.c Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones
El PNDES 2030 define la infraestructura como uno de sus ejes estratégicos. Las áreas que se priorizan son: construcción; energía; telecomunicaciones; infraestructura hidráulica; servicios de transporte y logística; infraestructura de calidad, metrología y normalización; garantizando en su conjunto el ordenamiento territorial, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Consecuentemente, desarrollar la infraestructura para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano (meta 9.1) es una prioridad para Cuba, pese a las restricciones económicas y financieras a las que el país se enfrenta. Entre 2015 y 2019, la inversión en infraestructura75 muestra una tendencia positiva y representa para este último año el 63 % del total de las inversiones y el 6 % del PIB, dos puntos porcentuales más que en 2015.
10.1 Reducir las desigualdades de ingresos
10.2 Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y terminar con la discriminación
10.4 Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
10.5 Mejorar regulación de mercados globales e instituciones financieras
10.6 Mayor representación e intervención de los países en desarrollo en la toma de decisiones de instituciones financieras.
10.7 Políticas migratorias responsables y bien gestionadas
10.a Tratamiento especial y diferenciado para países en desarrollo
10.b Fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión en países menos desarrollados
10.c Reducir el costo de transacción de las remesas de los migrantes
Cuba se caracteriza por dedicar cuantiosos recursos a la esfera social, a pesar de su condición de país en desarrollo, con limitados recursos naturales y fuertes tensiones económicas y financieras, derivadas fundamentalmente de los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Consecuentemente, el diseño e implementación de las políticas públicas ha tenido como centro alcanzar y mantener importantes logros sociales, con elevados grados de cobertura, acceso gratuito a una parte importante de los servicios y su provisión estatal, sobre la base del principio de no dejar a nadie atrás. En este sentido, la detección y atención a las desigualdades constituye uno de los pilares de la estrategia cubana de desarrollo.
En las condiciones actuales, a la par del principio de universalidad que distingue la política social cubana, se diseñan e implementan políticas diferenciadas para la atención específica a grupos con necesidades especiales, prestando particular atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, tal y como ha quedado refrendado en el PNDES 2030. Con relación a los ingresos (meta 10.1), en los dos últimos años se han implementado modificaciones en los sistemas salariales del sector estatal, al cual pertenece el 67 % de las personas ocupadas. Ello ha impactado positivamente en el crecimiento del salario medio mensual.
11.1 Acceso a vivienda y servicios básicos seguros y asequibles
11.2 Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
11.5 Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
11.6 Reducir el impacto ambiental de las ciudades
11.7 Proporcionar acceso a espacios públicos verdes, seguros e inclusivos.
11.a Fortalecer la planificación nacional y regional del desarrollo
11.b Implementar políticas de inclusión, recursos eficientes para la reducción de riesgos de desastres.
11.c Apoyar a los países menos adelantados en construcciones sostenibles y resilientes.
El alto grado de urbanización de Cuba determina la importancia de focalizar las ciudades, su planeamiento y gestión como motores del desarrollo económico y social, así como su progresiva resiliencia y adaptabilidad ante los peligros, vulnerabilidades y riesgos. Ello tiene su mayor expresión en la elaboración del Plan de Acción Nacional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba 2017-2036, concluido en diciembre de 2017, como resultado de un proceso de trabajo participativo y consultivo que contó con la asistencia técnica de ONU-Hábitat, aprobado en 2019 como Plan de Estado. Sus ocho ejes estratégicos se encuentran alineados con los ODS.
12.1 Implementar el Marco Decenal de consumo y producción sostenibles
12.2 Manejo y uso sostenible de recursos naturales
12.3 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos percápita mundial.
12.4 Gestión responsable de productos químicos y residuos.
12.5 Reducir sustancialmente la generación de desechos.
12.6 Animar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e informes de sostenibilidad.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública sostenibles.
12.8 Promover la comprensión universal de estilos de vida sostenibles.
12.a Apoyar científicos de países en desarrollo y capacidades tecnológicas para el consumo y la producción sostenible.
12.b Desarrollar e implementar herramientas para seguimiento del turismo sostenible.
12.c Eliminar las distorsiones de los mercados que fomentan el consumo residual.
Cuba realiza ingentes esfuerzos para introducir, adoptar e implementar conceptos y prácticas de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos, consciente de la necesidad de modalidades de consumo y producción responsables para lograr el desarrollo sostenible. Aunque el país no cuenta con un instrumento político específico para la implementación del Consumo y la Producción Sostenible (CPS), sus principios se han ido integrando en las nuevas políticas aprobadas en años recientes, y tendrán una importante presencia en la nueva Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que actualmente se encuentra en fase de consulta con los diferentes actores de la economía y la sociedad.
Igualmente la nación participa en la implementación del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP por sus siglas en inglés) (meta 12.1) y contribuye al alcance de sus objetivos y metas de acuerdo con sus posibilidades económicas y tecnológicas. Aporta las informaciones que solicita la secretaría del 10YFP, a través de reportes y respuestas a encuestas; y contribuye a la implementación de las decisiones y acuerdos del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, relacionados con la Estrategia Regional de CPS. En el año 2019, por primera vez se reportaron iniciativas en CPS para la base de datos online de la red global del 10YFP, así como cinco instrumentos de política que apoyan el CPS. Existen en el país diversas políticas que incorporan principios de CPS (Política para el Desarrollo Perspectivo de las FRE y el Uso Eficiente de la Energía, Política Nacional del Agua, Política Tributaria, la cual persigue incentivar el uso sostenible y explotación racional de los recursos naturales del país, así como la protección del medio ambiente, entre otras). Asimismo, se aprobaron e implementan otras políticas y acciones específicas que contribuyen al cumplimiento de esta meta.
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación para desastres relacionados con el clima.
13.2 Integrar medidas de cambio climático en la planificación de políticas.
13.3 Construir conocimientos y capacidad para satisfacer el cambio climático.
13.a Implementar el marco de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU.
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la gestión y planificación del clima
Para Cuba, el enfrentamiento al cambio climático es una alta prioridad. Por su condición de pequeño Estado Insular situado en la región tropical del planeta, el archipiélago cubano es muy vulnerable al cambio climático global, el cual viene agravando los problemas ambientales que afectan el país.
En consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, se adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres (meta 13.1), mediante la implementación de instrumentos normativos entre los que destaca la Directiva No. 1/2010 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional (Presidente de la República y Jefe del Estado), sobre «La Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres en la República de Cuba». Se fortaleció el Sistema de Defensa Civil, con el perfeccionamiento y mayor integración de los sistemas de vigilancia y alerta temprana (hidrometeorológicos; sismos y maremotos); y la sistematización y ampliación de los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR).102 Sus resultados y recomendaciones permiten elaborar y/o actualizar los estudios de factibilidad técnico-económica de las inversiones y los planes de reducción del riesgo de desastres a nivel local e institucional; analizando las experiencias de eventos.
14.1 Reducir la contaminación marina.
14.2 Proteger y restaurar ecosistemas
14.3 Reducir la acidificación del océano
14.4 Pesca sostenible
14.5 Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas
14.6 Fin de las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca.
14.7 Aumentar los beneficios económicos del uso sostenible de los recursos marinos
14.a Aumentar el conocimiento científico, la investigación y tecnología para la salud delo los océanos.
14.b Soporte a pescadores de pequeña escala
14.c Aplicar y asegurar el derecho marítimo internacional
La recuperación de los ecosistemas marino-costeros constituye una prioridad para un país insular como Cuba. El análisis del grado de riesgo de los componentes de la biodiversidad marina y costera indica una elevada vulnerabilidad ecológica a los cambios climáticos, manifestada en los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos en la interconexión tierra-mar de la región suroccidental de Cuba, así como en las poblaciones de tortugas, pesquerías de langosta y pesquerías de plataforma.
La contaminación es uno de los principales problemas ambientales reconocidos en la Estrategia Ambiental Nacional, por lo que existen diferentes programas que tributan al control y la reducción de la contaminación al medio marino (meta 14.1). Entre estos se destaca el «Programa de enfrentamiento y reducción a la contaminación de las bahías priorizadas», dirigido a identificar las fuentes y definir las acciones que solucionen los problemas de la contaminación en las principales bahías del país. Dicho programa mantiene un chequeo sistemático sobre las acciones que se ejecutan para reducir o controlar las fuentes de contaminación, promoviendo los principios de una gestión ambiental basada en la reducción de emisiones y vertimientos, los procesos de producción y el consumo sostenible y el incremento del uso eficiente de los recursos naturales. Cada fuente tiene un plan de acción que incluye los microorganismos eficientes, soluciones locales de producción más limpia y otras alternativas temporales, así como el mantenimiento o construcción de los Sistemas de Tratamiento de Residuales (STR).
Los resultados alcanzados en los últimos años demuestran que hay una reducción paulatina de las fuentes de contaminación que afectan las bahías, llegando en 2019 a alcanzar una disminución de materia orgánica vertida, equivalente a la que emitiría una población de 670 mil personas (46 % corresponde a Prioridad I), lo que representa un 67 % de reducción de la contaminación de las fuentes reportadas. Asimismo, se dejaron de disponer al medio 513 toneladas de nutrientes; 53 mil 870 toneladas de sólidos en suspensión y otros desechos; y 933 toneladas de hidrocarburos, grasas y aceites. Entre 2015 y 2019, se han dedicado más de 160 millones de pesos a la protección de las bahías, cifra que en este último año del periodo creció 2,5 veces en relación con 2015.
La investigación constituye una fortaleza para alcanzar el objetivo de la meta, para lo cual el país cuenta con instituciones de ciencia y técnica que incluyen centros de estudios ambientales en todas las provincias y unidades de investigaciones en los ministerios de Educación Superior, de la Industria Alimenticia, del Transporte y el Citma.
15.1 Conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce.
15.2 Poner fin a la deforestación y restaurar los bosques degradados
15.3 Poner fin a la desertificación y restaurar las tierras degradadas
15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos
15.5 Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
15.6 Promover el acceso a los recursos genéticos y distribución justa de los beneficios
15.7 Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
15.8 Prevenir especies exóticas invasoras en ecosistemas terrestres y acuáticos.
15.9 Integrar los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación gubernamental
15.a Aumentar los recursos Financieros para conservar y utilizar de forma sostenible los ecosistemas y la biodiversidad
15.b Financiar e incentivar la gestión forestal sostenible
15.c Lucha global contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas.
El archipiélago cubano forma parte de uno de los 35 puntos calientes de biodiversidad (hotspot) del planeta; que representan regiones de una concentración excepcionalmente elevada de ecosistemas, especies y endemismos. Para Cuba, la protección de los ecosistemas terrestres constituye una prioridad, lo que se traduce en la adopción de políticas, marcos estratégicos y regulaciones para garantizar su conservación y uso sostenible.
Existen diferentes instrumentos de política que enmarcan, definen y priorizan lo que en materia forestal corresponde hacer (meta 15.1), tales como el Lineamiento 172 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución;113 la Ley 81 (Ley de Medioambiente), la Ley 85 (Ley Forestal), la Estrategia Nacional las especies autóctonas, endémicas y amenazadas de los diferentes grupos de vertebrados terrestres, los porcentajes de representatividad son relativamente altos para todos los grupos, en todas las categorías. No obstante, los peces dulceacuícolas, los reptiles y los Ambiental y el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, el país cuenta con el Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El índice de boscosidad refleja un balance positivo entre las acciones de reforestación, manejo y uso del recurso forestal, como resultado del Programa Nacional de Reforestación. Este involucra a todas las formas de gestión y a la población en general, para reforestar todos los espacios de tierra destinados al uso forestal. Cuenta con un apoyo financiero anual promedio de más de 250 millones de pesos, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y el seguimiento al cumplimiento del programa mediante las Comisiones de Reforestación en las diferentes instancias del Gobierno. Con respecto a 2018, este indicador crece 0,17 %.
16.1 Reducir todas las formas de violencia
16.2 Proteger a los niños del abuso, explotación tráfico y violencia.
16.3 Promover el Estado de Derecho y asegurar acceso equitativo a la justicia.
16.4 Combatir el delito organizado y el flujo financiero y armamentístico ilícito
16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno
16.6 Desarrollar instituciones efectivas, responsables y transparentes
16.7 Asegurar la toma de decisiones responsable, inclusiva y representativa
16.8 Fortalecer la participación en la gobernanza global
16.9 Proporcionar identidad legal universal
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.
16.a Fortalecer las instituciones nacionales para prevenir violencia y luchar contra el terrorismo y el delito.
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias
En Cuba, la promoción de la paz, la inclusión y la justicia social forman parte esencial de las políticas y acciones del Estado, como condición para alcanzar el desarrollo sostenible. En correspondencia con la Agenda 2030 y el PNDES 2030, el país contribuye a la preservación de la paz, la seguridad y la estabilidad internacional y regional, así como a la aplicación del Derecho Internacional.
La violencia entre las personas es rechazada en todas sus formas (meta 16.1). Sus diversas expresiones están sancionadas por la ley, incluyendo la violencia doméstica.
La Constitución de la República de Cuba de 2019 incluye explícitamente la protección del derecho a la vida, a la integridad física y moral, la violencia de género y, asimismo, que la violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones se considera destructiva para las personas, las familias y la sociedad y es sancionada por la ley.
Por su parte, el Código Penal contiene esa protección, con delitos que sancionan las diferentes manifestaciones de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Por ejemplo, delitos contra la vida y la integridad corporal; aborto ilícito; y delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la violación y los abusos lascivos, el proxenetismo y la trata de personas, así como aquellos que atenten contra la libertad sexual de las personas y su autonomía para elegir pareja. La legislación en materia penal sanciona otros delitos relacionados con la violencia.
17.1 Movilizar recursos para mejorar recaudación de ingresos domésticos.
17.2 Implementar todos los compromisos de asistencia al desarrollo.
17.3 Movilizar recursos financieros para países en desarrollo.
17.4 Ayudar a los países en desarrollo para obtener sostenibilidad.
17.5 Invertir en países menos desarrollados.
17.6 Intercambio de conocimientos y cooperación para acceso a la ciencia, tecnología e innovación.
17.7 Promover tecnologías sostenibles para países en desarrollo.
17.8 Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados.
17.9 Creación de capacidades para implementación de los ODS en los países en desarrollo.
17.10 Promover un sistema comercial universal bajo la OMC.
17.11 Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo.
17.12 Eliminar las barreras comerciales para los países menos adelantados.
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica global.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15 Respetar el liderazgo nacional en implementar políticas para los ODS.
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible.
17.17 Fomentar las alianzas efectivas.
17.18 Mejorar la disponibilidad de datos fiables.
17.19 Desarrollar más indicadores de progreso.
A cinco años de haber sido adoptada la Agenda 2030 y teniendo en cuenta que 2020 marca el comienzo del «Decenio de Acción y Transformación» para cumplir con los ODS, el mundo enfrenta grandes retos. Tal vez, actualmente el mayor de estos es el escenario epidemiológico actual, generado por la ocurrencia de la pandemia de la COVID-19, que impacta con mayor fuerza en los países en desarrollo. Ante ese escenario se reafirma la necesidad de fortalecer los medios de implementación de la Agenda y revitalizar las Alianzas entre los países para alcanzar el Desarrollo Sostenible. Asimismo se reafirma el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre los países desarrollados y en desarrollo.
Para Cuba, el principal obstáculo en el establecimiento de las alianzas necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible, así como para la implementación del PNDES 2030 y, por consiguiente, para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos, lo constituye el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos por casi 60 años. La permanencia y el recrudecimiento de esta política, en particular en los últimos años, limitan las posibilidades del país de beneficiarse, en igualdad de condiciones, de las ventajas del comercio mundial y los flujos financieros a nivel internacional. Ello afecta sustancialmente al país, pues reduce su acceso a los mercados de bienes y servicios y a los recursos financieros y, consecuentemente, limita sus capacidades para cooperar con otros países. A pesar de esta situación, Cuba mantiene su compromiso con la Agenda 2030 y muestra avances en la implementación del ODS 17.