Un cronograma legislativo que apuesta por el ordenamiento jurídico del país
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El cronograma legislativo está marcado por la disciplina, la responsabilidad, el análisis colectivo y la participación popular, afirmó la nueva ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, durante el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, correspondiente a su X Legislatura.

En este punto de la agenda se incorporó, presencialmente, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, quien durante toda la jornada había participado a través de videoconferencia. En el salón plenario del Palacio de las Convenciones, junto a Raúl, estuvo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al explicar la actualización del cronograma legislativo, la titular del sector subrayó que, desde la entrada en vigor de la Constitución de la República -el 10 de abril de 2019-  hasta este momento, se han aprobado 58 leyes y 130 decretos-ley, para un total de 188 normas jurídicas de rango superior.

En ese sentido, valoró que este es un ejercicio legislativo intenso y necesario, que evidencia la labor de actualización de nuestro marco legal para adecuar el ordenamiento jurídico a la Carta Magna.

Gamón Verde destacó que, en el ámbito de las Leyes, se aprobaron ocho durante el año 2025, entre ellas, la del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas; del Sistema Deportivo Cubano; el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes; del Registro Civil; y de Reforma Constitucional.

De igual manera, ofreció una información actualizada acerca de lo que se ha avanzado en otras normas que fueron pospuestas, como la Ley de la Vivienda, el Código del Trabajo; la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra; y la Ley de Empresas.

Para 2026, precisó la ministra de Justicia, están previstas 15 leyes,  entre ellas, siete que quedaron pendientes del presente año. Confirmó que para el 2027, se espera la aprobación de 14 legislaciones en el país.

La titular del sector insistió en la importancia del ordenamiento jurídico y reconoció que ha existido incumplimiento en los plazos previstos en el cronograma, así como atrasos en las publicaciones de las normas en la Gaceta Oficial de la República.

La flexibilidad no es justificación para el incumplimiento, aseveró. Luego  de reiterar la importancia de reforzar la exigencia y el control en esta actividad, ratificó el compromiso invariable de cumplir la misión fundamental que se han propuesto, «porque cada ley o decreto- ley que se apruebe, nos acerca a la actualización del ordenamiento jurídico nacional».

RATIFICACIÓN DE DECRETOS-LEYES Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ESTADO: UN PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL

El recién electo secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, José Luis Toledo Santander, informó a los diputados sobre los decretos-leyes aprobados por este órgano, durante el período comprendido entre el 1ro de julio y el 30 de noviembre del presente año. 

En ese sentido, aseguró  que los decretos-leyes y acuerdos adoptados por el Consejo de Estado están en correspondencia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.

Elba Martínez Amador, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Parlamento, dio lectura al dictamen mediante el cual se procedió a la ratificación de los decretos-leyes y acuerdos adoptados por el Consejo de Estado. 

De igual forma, durante el referido período, este órgano aprobó 95 acuerdos, relacionados -entre otros asuntos de su competencia- a tratados internacionales, designaciones de integrantes del Consejo Electoral Nacional y trámites de diputados.

LEY PARA ORDENAR EL CALENDARIO ELECTORAL DEL PAIS

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley “De reducción excepcional del actual periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular”.

Al presentar la norma jurídica, Elba Martínez Amador, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, comentó que el texto tiene como objetivo dejar establecida una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En ese sentido, se establece, con carácter excepcional, que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular sea de cuatro años y culmina en el mes de noviembre de 2026.

Este cambio tiene un propósito estratégico: garantizar la debida secuencia del ciclo electoral. La Constitución de la República establece en sus artículos 105 y 187 que el periodo de duración del mandato de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular es de cinco años, respectivamente.

La Ley 127 del 13 de julio de 2019, Ley Electoral, en su Disposición Transitoria Cuarta dispuso:… “se establece por única vez y a los efectos de garantizar la secuencia requerida para el proceso electoral, que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular sea de hasta cuatro años, para dejar establecida una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados y la de los diputados”.

Dada la situación emergente existente en el país como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID 19, las elecciones a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, y la concerniente a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre enero –febrero de 2023; lo que imposibilitó dar cumplimiento a establecer la diferencia de hasta un año entre una y otra elección, como dispuso la referida Ley Electoral.

La norma jurídica aprobada este jueves ratifica que el Consejo de Estado de la República de Cuba, en cumplimiento de la atribución que le reconoce el inciso e) del artículo 122 de la Constitución de la República, queda encargado de convocar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de las asambleas municipales del Poder Popular.

Con la aprobación de esta Ley, el año 2025 cerró en materia legislativa con ocho leyes y 14 decretos-leyes ratificados, para un total de 22 normas jurídicas de rango superior.

Ello expresa el complejo, intenso y amplio proceso de actualización del ordenamiento jurídico que se implementa en el país, tras la entrada en vigor de la Constitución de la República el 10 de abril de 2019.