Un código que es inclusión, equidad, participación y humanismo
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Proteger de manera integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ha sido una prioridad histórica del Estado cubano desde el triunfo de la Revolución. Siendo consecuentes con esa prioridad, y tras un amplio proceso de elaboración y consultas, en la jornada matutina de este viernes, los diputados cubanos aprobaron el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

La presentación hecha sobre el texto por la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, durante el Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, destacó que ninguna decisión se asumió sin debate y sin llegar a consensos; se escuchó siempre a todos, lo cual abrió oportunidades para una mayor participación y contribuyó a fortalecer el documento.

Arribamos a este decisivo momento, detalló, con la versión 17 del Proyecto de Ley, cuyo examen llegó a centros de estudios, expertos, profesores universitarios y estuvo respaldado por consultas tanto especializadas como públicas, así como a nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes, garantizando una amplia participación de todos los actores involucrados, en especial de sus principales destinatarios.

De tal manera se fortalece el objetivo primigenio del Código, que busca “regular el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el cumplimiento de sus deberes y establecer el marco institucional destinado a orientar, impulsar e implementar políticas públicas, planes y programas que garanticen su protección, participación, inclusión y contribución al desarrollo social”.

Un total de 124 artículos dan cuerpo a la norma jurídica, en la cual se definen principios; derecho, garantías y deberes, así como sistemas de protección integral, de atención y de promoción de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como principales aportes reconoció, entre otros, el amplio catálogo de derechos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con las consecuentes garantías para su efectividad en todos los ámbitos; la institución del Sistema de Protección Integral de sus derechos; el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, atención y respuesta frente a vulneraciones de derechos, y la creación de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventudes como órgano rector en la materia, que articula los actores claves a todos los niveles.

Además, destacó que se definen las pautas para la aplicación práctica del principio del interés superior del niño, la evaluación de la autonomía progresiva y la creación de entornos protectores, al tiempo que crea un sistema de recopilación, generación y monitoreo de datos sobre la niñez, adolescencias y juventudes que favorece la formulación e implementación de políticas públicas con base en evidencia.

Entre los temas más debatidos la Ministra de Educación señaló que estuvieron asociados fundamentalmente a la clasificación de los rangos de edades; la regulación de los temas relativos a las juventudes; la prohibición del trabajo infantil y las excepcionalidades del trabajo adolescente permitido; la necesidad de precisiones sobre la autonomía progresiva, así como la regulación relativa a adolescentes que cometen conductas tipificadas como delitos.

De inmensos calificó Trujillo Barrero los retos que tienen por delante para materializar la implementación del Código, el cual, reconoció, ha significado un ejercicio de aprendizaje conjunto en el proceso de construcción colectiva que ha distinguido la nueva normativa.

“Este código es inclusión, equidad, participación y humanismo, y va a lo más importante de la patria: sus seres humanos”, valoró.

UN CÓDIGO INTEGRAL Y AJUSTADO A SU TIEMPO

Al presentar el dictamen del Proyecto de Ley, la presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, la diputada Arelys Santana Bello, reconoció que el texto “integra principios constitucionales, compromisos internacionales y demandas recogidas en un amplio proceso de consulta con más de 800 mil participantes”.

Asimismo, consideró, que se nutre de las experiencias del Código anterior, vigente desde 1978, y de un profundo estudio de Derecho comparado. Al mismo tiempo, está atemperado a los contenidos de los instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es parte, en especial la Convención de los Derechos del Niño.

De tal manera, el Dictamen reconoce que el texto “manifiesta la voluntad política de colocar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro de las políticas públicas, cuya esencia la encontramos en el pensamiento de Fidel, líder histórico de la Revolución cubana”. En su esencia, también encarnan “el pensamiento y la acción de Vilma, quien dedicó su vida a la defensa integral de los derechos de la niñez y la juventud desde una visión profundamente humanista, feminista y revolucionaria”.

Seguirá siendo nuestro deber político y de todos los organismos y organizaciones concernidas, aseveró, la promoción del estudio y la aprobación social del Código mediante acciones formativas, movilizadoras y multiplicadoras que aseguren su aplicación efectiva, lo cual implica múltiples desafíos que es necesario ir superando.

Con legítimo orgullo, significó, podemos decir que “contamos con un Proyecto genuinamente cubano, que reconoce los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no como una concesión, sino como expresión de una voluntad política firme, coherente con nuestra historia, nuestra Constitución y nuestro proyecto social”.

“Al asumir este compromiso jurídico y ético, Cuba da un paso firme hacia la consolidación de un modelo de desarrollo centrado en las personas, que coloca a sus generaciones más jóvenes en el corazón mismo de su futuro”, se destacó en el Dictamen.

LOS DIPUTADOS TOMAN LA PALABRA

Con muy sentidas palabras defendió la aprobación del Proyecto de Código y su Dictamen la diputada Laura Bacallao Padrón, diputada por el municipio camagüeyano de Guáimaro, quien compartió algunas de las tantas opiniones recogidas como parte del intercambio con cientos de infantes y adolescentes en su provincia.

En sus palabras se refirió con especial énfasis al contexto en que se comenzará a implementar este Código, marcado por “el auge de la tecnología, con peligros reales como el ciberacoso, la extorsión y la manipulación en línea”, que atentan hoy contra el desarrollo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

Asimismo, llamó la atención sobre cómo se puede seguir aprovechando ese desarrollo en función de actividades como la educación en línea. Los entornos virtuales, dijo, demandan obligaciones específicas desde la familia, la escuela y la sociedad, que no son las mismas en ninguno de esos casos.

Estamos urgidos de un código como este para lidiar con tantos desafíos que hoy tenemos por delante, desde prácticas más robustas y modernas, afirmó.

Leidys María Labrador, diputada por el municipio Puerto Padre, en Las Tunas, consideró los elementos contenidos en el texto como herramientas de importantísimo valor para el accionar. “A veces nos quedamos en la identificación del problema, en su descripción, y no tenemos los mecanismos para hacer la denuncia oportuna para que eso se canalice. La nueva norma nos da esos mecanismos”, reconoció.

“Este no es el código del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Salud Pública, ni de la Asamblea Nacional del Poder Popular; es el código de cada familia donde vive un niño y tenemos que lograr que cada familia lo conozca y se identifique con él”, consideró.

Muchos de los problemas sociales que afectan al mundo también nos afectan a nosotros, recordó la diputada, quien reconoció la importancia de buscar los problemas, verlos, para poder solucionarlos.

Su llamado fue claro y objetivo: que este código se convierta en el lente con el que la sociedad mire la niñez, la adolescencia y la juventud. Por ello su énfasis en que cada quien se sienta responsable con la implementación del documento, de elevada trascendencia en la Cuba actual, que sigue siendo referente en el mundo entero por la atención a sus nuevas generaciones.

Por su parte la diputada por el municipio espirituano de Trinidad, Rosa Miriam Elizalde, felicitó a la comisión redactora del texto, en el cual se preservan el espíritu y rigor del Código de las Familias y de otras legislaciones.

En su opinión, es esta la normativa más avanzada del país en términos del derecho de niños, adolescentes y jóvenes, encaminada a que se integren al entorno digital en condiciones de seguridad y libre de violencia.

De manera particular destacó el artículo 72, inciso 5, sobre la responsabilidad estatal en la protección frente a los riesgos digitales, en el cual se especifica que las plataformas de comunicación, redes sociales y proveedores de servicios digitales deben garantizar la creación de mecanismos de denuncia accesibles, filtros de protección para niños y adolescentes, así como la eliminación expedita de contenidos que vulneren sus derechos.

En tal sentido, se refirió a que las plataformas digitales más populares en Cuba, y en las cuales más se violan esos derechos, son estadounidenses, siendo por tanto contadísimas las ocasiones en que plataformas como Facebook, X o YouTube, han eliminado contenidos que promueven la violencia contra personas o contra la sociedad, haciéndose las de “la vista gorda” ante determinados hechos.

Como parte de su intervención, propuso una reelaboración de ese inciso, que tenga en cuenta no solo las acciones administrativas y penales en el territorio nacional, incluida la posibilidad de juzgar en ausencia a infractores, sino también la posibilidad de ejercer acciones por encargo estatal ante tribunales y organismos internacionales asociado con los derechos digitales.

La Ministra de Educación aseguró que se tendrá en cuenta el planteamiento de la diputada para su incorporación a la norma.

Yamila González Ferrer, diputada por Mantua, Pinar del Río, recordó de manera especial en sus palabras a nuestra querida Vilma Espín, porque “quienes tuvimos la oportunidad de trabajar junto a ella y compartir sus reflexiones sobre los temas de niñas, niños y adolescentes, sabemos que este código expresa, consecuentemente, su pensamiento”.

De igual forma, sin dejar de reconocer que es este un texto perfectible, sobre el cual la práctica nos irá indicando en qué aspectos debe seguirse mejorando, significó que era un Código necesario, cuyo contenido tiene una fortaleza tremenda.

Al reforzar el principio de igualdad y no discriminación, destacó, que el Código promueve la eliminación de estereotipos y patrones socioculturales que provocan inequidades sociales y situaciones de vulnerabilidad que limitan el desarrollo de niños y adolescentes.

Este código, dijo, se articula con el Código de las Familias y reconoce el rol fundamental de los vínculos afectivos, el respeto a la diversidad familiar y la corresponsabilidad de madres, padres y cuidadores en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Tras reconocer múltiples de las bondades que distinguen al documento, consideró que a partir de ahora “el gran desafío que tenemos es la implementación efectiva del Código”, para lo cual es imprescindible superar barreras culturales que aún persisten asociadas a temas como la autonomía de los adolescentes, la educación integral de la sexualidad o las uniones tempranas.

Tenemos que ser capaces, valoró, de comunicar este código, y hacerlo de manera “amigable, cercana y accesible”, sobre todo para que niñas, niños y adolescentes se apropien de sus contenidos.

“Hagamos de este código parte de la vida cotidiana de cada niña, niño, adolescente y joven, en cada rincón del país”, reflexionó.
Como parte del amplio debate suscitado, la diputada Mariela Castro Espín, por el municipio Plaza de la Revolución, en la provincia La Habana, destacó avances significativos incorporados en esta norma superior, que a partir de un enfoque de género progresista, pretende garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación en consonancia con los principios constitucionales.

“No solo afirma los postulados constitucionales, sino que los amplía al incluir, entre las categorías protegidas, las características sexuales, junto al sexo, género, identidad de género y orientación sexual, lo que refleja un compromiso con la protección de grupos históricamente vulnerados”, dijo.

En tal sentido, destacó el reconocimiento explícito que se hace sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, responsabilizando al Estado con fomentar la educación, orientación y prestación de servicios en esta materia.

Como un instrumento jurídico novedoso calificó al Código, cuya aplicación efectiva demandará no solo de voluntad política, sino también de un proceso de cambio cultural que consolide su espíritu formador, revolucionario y emancipador.

Cerca de una docena de intervenciones se suscitaron entre los parlamentarios, incluidas las del presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez González, y de la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echavarría, quienes en nombre de los más jóvenes mostraron su apoyo al Código y agradecieron la apuesta que sigue haciendo la Revolución por las nuevas generaciones.