Impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba entraña una enorme responsabilidad
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Al presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular el informe de rendición de cuentas del Tribunal Supremo Popular, su presidente, Rubén Remigio Ferro, expresó que el documento recoge los resultados de la labor realizada en la etapa correspondiente al período de mandato de la actual legislatura.

En sus palabras destacó el gran esfuerzo que desplegó el personal de los tribunales para mantener la vitalidad de la actividad judicial en medio de las complejas circunstancias impuestas en el territorio nacional por la pandemia de COVID-19 durante los años 2020 y 2021.

La implementación de cuarentenas, el cierre de fronteras y otras medidas de aislamiento y restricción de movimientos de personas, obligaron a suspender, aplazar o paralizar temporalmente múltiples asuntos judiciales en tramitación, lo que incidió en la acumulación de atrasos en el procesamiento de un número considerable de casos, recordó.

No obstante, señaló, en la medida en que la situación del país lo pemitió, se acometió una intensa labor de recuperación e impulso de la actividad judicial en la gran mayoría de los órganos jurisdiccionales, en estrecha coordinación con otras instituciones implicadas. Ello hizo posible eliminar la mayor parte de los atrasos en la tramitación, solución y cumplimiento de las resoluciones judiciales, aseguró.

Así se logró procesar y concluir el 89,4 % de los asuntos previstos para ser tramitados en el 2021 y dar cumplimiento al 90, 3 % de las sentencias sujetas a ejecución. Todo eso habla del alto grado de responsabilidad, dedicación y coordinación con que actuó la mayoría de los magistrados, jueces, fiscales, abogados y otros intervinientes en los procesos judiciales.

No obstante ese empeño, al concluir el 2021 quedaron 1 752 asuntos con retraso en su tramitación y solución, y existían demoras en el cumplimiento y ejecución de 831 sentencias, la mayor parte por razones objetivas, aunque también se evidenció insuficiente atención y control por parte de jueces y secretarios a cargo de su impulso.

A la actuación de los tribunales en los procesos penales se refirió también Rubén Remigio Ferro. En ese sentido expresó que los principales resultados de la política de sanciones aplicada por los tribunales, en el período evaluado, permiten afirmar que, en sentido general, se ha actuado con severidad y rigor ante los responsables de las conductas delicitivas más dañinas y lesivas para la seguridad nacional, la estabilidad económica, política y social del país y la tranquilidad ciudadana, aunque también se actuó con la racionalidad e individualización  que cada caso requirió.

Con vistas a procurar y asegurar el adecuado y efectivo desempeño de la función jurisdiccional en el país, se continúan desplegando y fortaleciendo, en todo el Sistema de Tribunales, acciones de supervisión y control que permiten monitorear, medir y mejorar el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y las buenas prácticas implementadas por las disposiciones internas de la institución.

La atención minuciosa y profunda de las quejas, denuncias y peticiones de la población constituye una prioridad y un mecanismo invaluable para controlar el desempeño de los tribunales y el de sus integrantes, consideró el Presidente del Tribunal Supremo Popular. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo se habilitó la posibilidad de que las personas puedan realizar sus planteamientos de manera interactiva, a través del sitio web del Tribunal Supremo, por correo electrónico o mediante una aplicación para la telefonía móvil.

De acuerdo con la información ofrecida por Remigio Ferro, entre los principales motivos de insatisfacción de la población se encuentran los desacuerdos con las sentencias y otras resoluciones, en materia penal; la dilación en el cumplimiento o ejecución de las sentencias en procesos civiles y administrativos; las demoras en la tramitación de los asuntos y el incumplimiento de formalidades en la celebración de actos judiciales.

Se refirió también a la implementación de la Ley No. 140, “De los tribunales de justicia”, y de las leyes 141,142 y 143, denominadas “Código de Procesos”, “Ley de Procesos Administrativo” y “Ley del Proceso Penal”, respectivamente.

Al respecto, señaló que la preparación de los integrantes del Sistema de Tribunales para la asimilación y puesta en práctica de las profundas modificaciones e innovaciones contenidas en esas nuevas leyes, comenzó mucho antes de que entraran en vigor, el pasado primero de enero. Durante el trabajo de elaboración de los proyectos, los magistrados, jueces y secretarios judiciales de todo el país tuvieron una participación protagónica en los debates. Una vez que esas normas fueron aprobadas y refrendadas por el Parlamento, dijo, se desplegó un intenso programa de preparación y capacitación de todo el personal judicial, concebido y ejecutado conjuntamente por magistrados y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Por otra parte, aseguró que en los últimos años continuó avanzando de manera significativa el empleo y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trabajo de la institución, muestra de ello es la creciente introducción de programas y aplicaciones informáticas  en diversos aspectos de su labor.

De igual forma se aprecia un avance gradual en el despliegue de actividades científicas y de innovación en el seno de los tribunales, así como crece el número de magistrados y jueces que ha realizado o realiza investigaciones y estudios acerca de diversos aspectos relacionados con la actividad judicial.

También se incrementan las acciones de comunicación, tanto mediante la interlocución directa de magistrados, jueces y otros funcionarios, con integrantes de diferentes instituciones y centros de trabajo,  como a través de los diferentes medios de comunicación, refirió.

Asimismo, ratificó el compromiso irrenunciable de directivos, jueces, y trabajadores del Sistema de Tribunales de continuar mejorando el desempeño de la función judicial del país y con ello contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado Socialista de Derecho y justicia social, proclamado por la Constitución de la República.

Al intervenir en el debate, los diputados coincidieron en reconocer el espíritu crítico y autocrítico del documento, así como la profesionalidad del Sistema de Tribunales en el cumplimiento de la responsabilidad asignada. De igual forma, consideraron que en el texto están bien identificadas las principales debilidades y amenazas que podrían afectar la administración de justicia y a la vez se definen los objetivos estratégicos para convertirlas en fortalezas y oportunidades, en pos de continuar perfeccionando su labor.