Desarrollan diputados cubanos intensa actividad legislativa
Nacionales

La intensa actividad legislativa de los diputados cubanos continuó este martes durante el Décimo Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular con la aprobación de dos nuevas leyes, que implementan disposiciones contenidas en la Constitución de la República, aprobada en Abril del 2019.

Con la aprobación en el Palacio de las Convenciones, de la Ley de la Expropiación de bienes por razones únicamente de utilidad pública o interés social, el país dispone de un cuerpo legal integral y robusto, para suplir la inexistencia de una norma jurídica única sobre un tema que actualmente había estado contenido en varias disposiciones.

Ante los diputados presentes,  el anteproyecto de ley fue presentado por la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weis, y su contenido es el resultado del trabajo de un amplio colectivo,  junto con varios organismos y especialistas de la jurisprudencia, proceso que fue antecedido por un período de consultas especializadas y con innumerables instituciones.

La norma legal aprobada establece las bases para determinar el precepto de utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización, e implementa el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba que expresa que “… la expropiación de bienes se autoriza únicamente teniendo en cuenta a razones de utilidad pública o interés social y con la debida autorización…”.

Su objetivo principal es ampliar y fortalecer con seguridad y certeza, el régimen de garantías para la población y el Estado en materia de expropiación, y ratifica el principio de que las personas solo pueden ser privadas de su propiedad por razones únicamente de utilidad pública o interés social. La expropiación como instrumento y no un fin en sí mismo, al establecerse con la ley límites y garantías para desarrollar este proceso.

El concepto de expropiación entendido igualmente como un término universal, refrendado en cuerpos legales de casi todos los países para satisfacer un interés de carácter general.

Como un elemento trascendente de la nueva ley aprobada está la articulación del contenido de la norma con otras disposiciones que contienen especificidades en relación con la expropiación.

Ley de la Contraloría de la República

En el capitalino Palacio de las Convenciones, los diputados cubanos aprobaron también la Ley de la Contraloría General de la República, que incidirá en la prevención de ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa.

Al argumentar la necesidad de una nueva ley que sustituya a la anterior, vigente hace 13 años, la Contralora General, Gladys Bejerano Portela, expresó que se ha vivido un «período de importantes cambios y un escenario complejo con influencias internas y externas que han impactado directamente en el orden de la gestión administrativa», por lo tanto se necesitó realizar modificaciones, adiciones e incorporaciones, que dieron lugar al nacimiento de otra norma.

En 19 capítulos y 104 artículos la disposición actualiza todo lo referido al Sistema Nacional de Auditoría, tiene como fin «la contribución a una eficiente y eficaz gestión administrativa y al logro de la aspiración de un país soberano, independiente, socialista, democrático, próspero y sostenible», según refleja los documentos compartidos por el órgano estatal cuya misión es velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa .

Ordenada en dos libros: uno dedicado al funcionamiento de la Contraloría General de la República y otro sobre el sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa, la ley recoge entre otros temas, las funciones, estructura, plantilla profesional, órganos consultivos y de asesoramiento, elección de contralores y auditores y sus atribuciones, obligaciones, disciplina y responsabilidad.

Durante su intervención Bejerano Portela, consideró de significativa las enseñanzas y el aporte que han propiciado el proceso de construcción colectiva de la ley, «en el que ha sido influyente: el asesoramiento sistemático y oportuna orientación del Ministerio de Justicia, contar con la valiosa representación de la academia, de diversas especialidades y disciplinas, liderados por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la integración y estructura del grupo temporal de trabajo y el resultado de amplias y diversas consultas realizadas».