Una ley moderna y práctica para enfrentar el delito
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Como «una Ley moderna, comprensible y práctica que permite un adecuado enfrentamiento al delito», calificó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), la Ley No. 143 “Del Proceso Penal”, aprobada por el Parlamento cubano el 28 de octubre de 2021 y puesta en vigor a partir del primero de enero del 2022.

Al presentar el segundo punto de la agenda de este jueves, como parte del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, Remigio Ferro subrayó que, en opinión de los representantes de instituciones vinculadas a la instrumentación de esta Ley, «es una norma en correspondencia con la Constitución de la República, que reforzó derechos y garantías, permitiendo mayor calidad del proceso penal».

En ese sentido, comentó que, cumpliendo recomendaciones de la ANPP, un grupo de trabajo evalúa la necesidad de mejorar la redacción de algunos de sus preceptos para facilitar su adecuada implementación.

Al brindar algunos datos, precisó que partir de su puesta en marcha la Fiscalía ha incorporado el 36 % de su fuerza laboral al proceso penal, fundamentalmente en la capital. 

«En todos los casos de imputados menores de 18 años de edad se garantizó la asistencia jurídica de oficio, para la toma de declaración y en las audiencias de control judicial», acotó el presidente del Tribunal Supremo Popular.

De igual manera, señaló que en el presente año -al cierre de noviembre- resultaron sancionados el 95 % de las personas juzgadas.

En su intervención, Remigio Ferro informó que se recibieron 145criterios para el perfeccionamiento de la Ley. Afirmó, además, que las dificultades y complejidades en la labor investigativa y procesal, generan mayor número de devoluciones de las fiscalías y tribunales.

La Ley No. 143 “Del Proceso Penal”, concluyó Remigio Ferro, permite un adecuado enfrentamiento al delito, a través de la aplicación de medidas cautelares y sanciones, entre otros aspectos.

Según el dictamenpresentado por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, «estamos en presencia de una Ley adecuada a los requerimientos de un sistema moderno de justicia penal, con un correcto desarrollo de los principios constitucionales, que responde a las exigencias de un estado de derecho socialista, establece un adecuado marco a las garantías de los ciudadanos y garantiza la preservación de la seguridad ciudadana en el país».

Entre otras consideraciones, en el documento se recomienda el ejercicio de un sistema permanente de capacitación a todos los operadores de esta norma jurídica.

Numerosos derechos y garantías establecióla nueva Ley 143 del proceso penal en Cuba, que el próximo primero de enero cumplirá dos años de su entrada en vigor. En plena coherencia con la Constitución de la República de 2019, la reforma procesal penal cubana incorporó transformaciones en el sistema de justicia, abogando por una mayor transparencia y seguridad jurídica.