Ley del Notariado: una norma que rompe esquemas
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- En este articulo: ANPP Reunión de Trabajo
Aprueba Asamblea Nacional del Poder Popular Ley Del Notariado. Presentación y debate de la normativa contó con la asistencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Como una ley que rompe esquemas en cuanto a la manera tradicional en que se ha concebido el trabajo del notario, fue calificada la nueva normativa sobre el ejercicio de esa profesión, aprobada en la tarde de este jueves en el Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional.
El proyecto de la Ley Del Notariado fue presentado al plenario por el titular del Ministerio de Justicia, Oscar Silvera Martínez, quien señaló que con esta queda actualizada la Ley No.50, de 28 de diciembre de 1984, Ley De las Notarías Estatales.
Es una ley que atempera la actividad a los postulados establecidos por la Constitución de 2019 y el nuevo ordenamiento legal que en correspondencia con ella se ha ido construyento.
El Doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la comsión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, al leer el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, significó ante el pleno de diputadas y diputados, «el relevante papel que ha pasado a desempeñar el notario en nuestra sociedad, teniendo en cuenta la multiplicidad de actos en que se exige su presencia».
Recordó a propósito, que la acción de firmar cualquier documento ante notario, aporta a las personas la tranquilidad de que el negocio o contrato que conviene con otras partes es definitivo, inamovible y eficaz; «de ahí, entonces, la ineludible necesidad de fortalecer desde el ámbito legislativo» el cometido de los notarios y notarías, señaló.
El proyecto de ley propuesto y aprobado, enfatiza que el notario, dada su condición de funcionario público del Estado, tiene el deber de proporcionar a los ciudadanos seguridad jurídica en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial.
Señala que en su condición de fedatario público, garantiza la legitimidad de los documentos en los que interviene, toda vez que sus actos están investidos de presunción de verdad; de lo que se deriva que los instrumentos públicos que emite se consideran fehacientes ante los tribunales de justicia.
El notario ejerce, de igual forma, una labor de custodia de documentos en los denominados protocolos notariales, que devienen archivos esenciales de la historia de la nación.
Este operador del derecho está obligado, además, «a mantener la neutralidad en sus actos, lo cual lo distingue de los abogados, quienes deben tomar parte a favor de sus clientes o representados».
Dada esta premisa, «la actuación del notario se caracteriza por brindar a quienes acuden a él garantía de seguridad y legalidad, porque su objetivo es que el contrato, negocio o declaración se ajuste a Derecho y sea inatacable.
Para garantizar el cumplimento de todos estos preceptos, en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos se subraya que «los notarios, en su gestión, solo se subordinan y condicionan a la Ley y se les exigen estudios intensos y profundos, que se comprueban con un mecanismo de selección al que tienen que someterse para poder acceder al ejercicio de la profesión».

De acuerdo a la multiplicidad de materias jurídicas en que intervienen, a los notarios también se les reclama «actualizar de forma constante sus conocimientos profesionales en los ámbitos nacional e internacional».
Los especialista destacaron la valía de la norma en cuanto a que propone la verticalidad del notariado, «subordinándose solamente al Ministerio de Justicia, a quien se le reconoce la dirección técnica, normativa, metodológica y de control del mismo.
Según se argumentó, esto «contribuirá a generalizar buenas prácticas y velar por un constante desarrollo profesional de sus integrantes, así como a ejercer un control más eficiente sobre el desempeño de los notarios y del servicio que prestan a la población».
Destaca la decisión de establecer las bases para que la actividad sea autofinanciada, lo cual permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de labor en este sector. El servicio notarial cubano está generando ingresos anuales superiores a los 275 millones de pesos, mediante el cobro de tarifas asequibles a toda la población.
La propuesta de ley sobre el notariado que la Asamblea Nacional ventiló este jueves, se publicó previamente en su sitio web, para general conocimiento de la población, habilitándose los correos electrónicos correspondientes.
A instancias del Presidente del legislativo, se efectuaron el 6 y 7 de diciembre pasado sesiones de trabajo con los diputados para explicar el proyecto, tomar en cuenta sus opiniones e ir alcanzando consenso con relación al mismo.
La diputada Ania María Aparicio Albelo ponderó la pertinecia de esta ley y subrayó el papel de acompañamiento del notariado a las transformaciones que se han realizado en el país en los últimos lustros, desde la venta de automóviles, la aparición de las cooperativas no agropuecuarias y luego las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los procesos migratorios y otras realidades económicas y sociales.
El diputado Yordany Andarcio Álvarez destacó que la normativa permitirá simplificar diligencias, reducir la exigencia de documemtos a presentar, y brindar mayor protección y seguridad jurídica a la población. El Doctor Leonardo Pérez Gallardo, notario en ejercicio, subrayó que esta es una norma con una vocación humanista que complementa otras muchas normas aprobadas a partir de la Constitución de 2019 ,como el Código de la Familia.