Diputados aprueban la primera ley cubana de procedimiento administrativo
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Durante el tercer día de trabajo en plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados aprobaron la “Ley de procedimiento administrativo”, la cual no tiene antecedentes normativos y que a decir del Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, es renovadora y defiende los derechos de los ciudadanos.

El titular de Justicia, quien presentó a los parlamentarios el proyecto de disposición normativa, explicó que el texto “concentra en una norma jurídica contenidos dispersos en otras leyes y permite alcanzar un funcionamiento administrativo más eficiente, apegado a la legalidad y la buena administración”.

A su exposición añadió, entre los aspectos principales, que la nueva norma desarrolla derechos y garantías de las personas: correcta atención, debido procedimiento, recursos para la impugnación de las decisiones, regula las medidas cautelares y sus requisitos y desarrolla el procedimiento administrativo sancionador.

Silvera Martínez argumentó que la norma corrige elementos negativos como el exceso de documentación, contribuye a eliminar el burocratismo en los procedimientos administrativos y complementa la Constitución como fruto de la necesaria reforma administrativa y judicial.

El proyecto que se puso a consideración desarrolla el artículo 94 de la carta magna, el cual plantea que toda persona tiene la garantía a su seguridad jurídica y de disfrutar de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como el administrativo, agregó el ministro.

Antes de llegar al documento que se sometió al escrutinio, se trabajaron 21 versiones, en cuya redacción intervinieron organismos de la administración central del Estado, profesores de Derecho, además se recibieron criterios de los diputados y de la población a través de los mecanismos de comunicación de la Asamblea Nacional. Como parte del anterior proceso de consulta fueron modificados 44 artículos y dos disposiciones generales de la versión original.

“Esta normativa propende a eliminar procederes que entorpecen la vida social y a establecer un procedimiento más transparente en la administración pública”, consideró José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, quien expuso el dictamen sobre el proyecto de ley.

Toledo Santander precisó que la Administración Pública es la encargada de poner en contacto directo a la ciudadanía con el Gobierno de la nación y en ese sentido la ley deviene en un “eficaz mecanismo contra la corrupción, fortalece la gestión pública, indispensable para construir una sociedad más justa y equitativa, y exige una capacitación adecuada de todos los servidores públicos en su conocimiento”.

Seguidamente los diputados tomaron la palabra para continuar la idea expresada en la presentación y en el dictamen concerniente a que el “proyecto de ley guarda la debida correspondencia con la Constitución y el ordenamiento legal de la nación”.

La diputada Daisy Bárbara López apuntó con respecto al documento normativo: “va a perfeccionar el ejercicio de la gestión administrativa y fortalecer los derechos y garantías de los ciudadanos. Es una ley que promoverá el buen hacer en la gestión administrativa, contribuyendo a que no haya trabas ni malas prácticas, y otorgará justicia y transparencia en beneficio de nuestra población”.

El principal reto es aplicarla y hacerla cumplir con nuestros preceptos constitucionales, manifestó seguidamente Yordany Andarcio, representante de Bahía Honda, quien consideró que “el procedimiento a debate elimina vacíos jurídicos y la dispersión que existía”.

En tanto, la diputada Orisell Richards Martínez destacó la trascendencia de la Ley de Procedimiento Administrativo para la protección de los derechos de las personas y la importancia que concede a la interoperabilidad y la transformación digital.

La legisladora del municipio La Lisa mostró su mayor preocupación con el proceso vinculado a la implementación, en el cual se demanda la capacitación constante a los servidores públicos y al pueblo, porque no basta solo con que se formulen de manera adecuada un grupo de principios vinculados al hacer de la administración si no se implementan.

La ley favorece en varios de sus artículos la buena administración, además promueve el control popular sobre la Administración, es una ley superior que empodera a nuestro pueblo, acentuó la parlamentaria Karla Santana.

El profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Habana y parte del equipo redactor, Andry Matías, reconoció que la ley responde a la necesidad que han establecido los principales órganos del país de poner coto al burocratismo, además resaltó que es una norma de balances, que trata de entender las necesidades de la gestión pública cubana y la obligatoriedad del servicio público, al establecer el diálogo diario entre ciudadanía y gestión pública.

“Es una norma que, de cumplirse, va a evitar la conflictualidad de la ciudadanía con la administración, y se suma al ciclo de fortalecimiento de la institucionalidad y los derechos de las personas”, agregó Matías.